Advierten posible denuncia penal por defraudación pública en los planes de vivienda
En la mañana de este viernes, se ingresó formalmente ante el Municipio de Lobos un reclamo en el marco del derecho administrativo que promete abrir un fuerte debate político y judicial. La presentación, elaborada por las doctoras Leticia Lardiés y Mariana Coso, pone el foco sobre la falta de ejecución y entrega de viviendas sociales en el distrito, una problemática estructural que afecta a miles de vecinos.
En diálogo con el programa La Segunda Mañana por FM Reencuentro 102.9, la Dra. Lardiés brindó detalles sobre la medida y argumentó que se llegó a esta instancia tras años de estudiar expedientes, decretos y ordenanzas sin que se vislumbren soluciones reales para la comunidad.
«Hay actos públicos de los funcionarios políticos que definitivamente tienen que conducir a un resultado. Si ese resultado no llega tras tantos años, y Lobos tiene un déficit habitacional que se agrava, había que accionar y pedir explicaciones«, enfatizó la letrada.
El reclamo administrativo fue respaldado inicialmente por dos particulares en condiciones de extrema vulnerabilidad: una joven embarazada de nueve meses y una persona que padece VIH, ambas sin acceso a una vivienda digna ni asistencia adecuada. Según el relevamiento técnico que acompaña la presentación, se estima que el déficit habitacional en la ciudad de Lobos afecta actualmente a entre 4,000 y 5,000 habitantes.
Lardiés denunció públicamente que, mientras la demanda habitacional crece, existen alrededor de 30 o 40 casas terminadas y cerradas en zonas como Empalme y el Barrio Las Tosquitas que nunca fueron adjudicadas. Asimismo, apuntó contra las obras inconclusas del plan originalmente denominado «Madres de Plaza de Mayo», donde terrenos baldíos figuran con partidas presupuestarias totalmente devengadas, ejecutadas y pagadas a constructoras desde el año 2017.
«En los últimos ocho años tendrían que haberse entregado no menos de 300 o 400 viviendas de planes federales y la realidad es que entregadas no hay ninguna», sentenció la abogada, aclarando que los subsidios menores otorgados por Desarrollo Social no constituyen una política habitacional seria.
Al tratarse de una presentación que involucra la vulneración de derechos humanos fundamentales —como el acceso a la salud y a una vivienda digna—, las demandantes señalaron que los plazos de respuesta por parte del Ejecutivo local deberían acortarse drásticamente en comparación con un trámite administrativo común.
De no mediar una respuesta o una resolución concreta por parte de las autoridades municipales, las abogadas adelantaron que quedará habilitada la vía judicial inmediata. Además, Lardiés advirtió que no descartan avanzar en el fuero penal: «Hay secretarios y funcionarios con competencia primaria en el desarrollo social y habitacional. Esto habilita un montón de tipos penales que pueden ir desde la impericia hasta la defraudación pública. Es una política de Estado inexistente y, a priori, defraudatoria», concluyó.
