«El Estado sigue priorizando el negocio por sobre la salud de las personas»
La causa judicial que investiga la contaminación del agua en la localidad bonaerense de Lobos atraviesa un punto de inflexión. Tras más de cinco años de litigio, reiterados incumplimientos por parte del Ejecutivo municipal y una sostenida disputa procesal, la recusación promovida por las familias amparistas logró el apartamiento provisorio del juez Juan José de Oliveira, abriendo una ventana de expectativa bajo la intervención de la nueva jueza subrogante, la doctora Fabiana Coradi.
En este contexto, Esteban Andrés Brenman, uno de los amparistas que impulsa la acción colectiva dialogó sobre el complejo escenario sanitario y ambiental que enfrenta la comunidad. «Estamos hace más de cinco años con esto, presentando pruebas, análisis y testimonios que demuestran que los químicos que se aplican llegan al agua y, por lo tanto, a nuestros cuerpos«, señaló Brenman.
El reclamo de los vecinos se sustenta en sólidos antecedentes científicos. En junio de 2021, un monitoreo ambiental dirigido por la investigadora Virginia Aparicio desde el INTA Balcarce detectó residuos de 33 plaguicidas en distintas matrices ambientales de Lobos. Entre los hallazgos se destacaron once residuos químicos en una perforación municipal (Bomba 19) —incluyendo atrazina, 2,4-D, imidacloprid y metolaclor— y la presencia de hasta 19 moléculas de pesticidas en el agua de lluvia. Asimismo, análisis particulares practicados a los propios amparistas confirmaron la presencia de glifosato en orina.
A esta problemática histórica de los agroquímicos se le sumaron alarmantes mediciones sobre la presencia de arsénico. Evaluaciones realizadas por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) arrojaron valores críticos: muestras de red y de establecimientos educativos registraron concentraciones de hasta 120, 137 y 145 microgramos por litro, superando ampliamente el límite de referencia de 10 microgramos por litro fijado para el consumo humano. En la zona de la Laguna de Lobos se detectaron mediciones de entre 45 y 134 microgramos por litro, un factor de riesgo inminente debido a los efectos carcinógenos de la exposición crónica a este metaloide.
Si bien la Justicia de Apelaciones de La Plata revocó un fallo previo de primera instancia y ordenó extender a toda la población de Lobos la cautelar que exige garantizar agua segura libre de agrotóxicos y arsénico —así como la instalación de centros de distribución accesibles—, los amparistas denuncian que el Municipio ha incurrido en sistemáticos incumplimientos.
«Se ordenó que le dieran agua limpia a todo el pueblo, a las escuelas, a los hospitales y a los clubes, pero eso no se está cumpliendo«, cuestionó Brenman. El referente ambiental remarcó que las respuestas del Estado local han sido tardías, parciales e insuficientes, relegando la salud pública en favor de la dinámica del agronegocio. «La industria dice que los venenos se neutralizan, les mostramos que llegan al agua y a los cuerpos, y responden que no pasa nada. Lo alarmante es que el Estado, en lugar de poner un freno preventivo, sigue priorizando el negocio por sobre la salud de las personas«, subrayó.
Además de la provisión urgente de agua potable, los demandantes reclaman el establecimiento de zonas de exclusión de al menos un kilómetro (1.095 metros) frente a las fumigaciones terrestres, denunciando que las normativas vigentes sobre días de viento o cercanía a escuelas se violan de forma sistemática sin que se ejerza un efectivo poder de policía.
El apartamiento del anterior magistrado —cuyo criterio restrictivo frenaba la producción de pruebas y el avance oral del proceso— reinstaló las expectativas del sector amparista en la vía institucional.
Con la fijación de una audiencia próxima y la intervención de la jueza Fabiana Coradi, los vecinos confían en que la Justicia logre obligar al Ejecutivo municipal a cumplir de manera efectiva con las mandas judiciales pendientes. «Confiamos en que la división de poderes funcione y que la jueza le dé un impulso a la causa para lograr medidas concretas: tener agua potable en el pueblo y áreas de exclusión para que no nos fumiguen en la cabeza. Es un proceso largo y arduo, pero la opción de no hacer nada nos lleva a un desastre que no queremos«, concluyó Brenman.
