El Colegio Don Bosco denuncia que el recorte de colectivos deja a la deriva a cientos de alumnos de la región
El recorte en los horarios de la Línea 88 afecta a los estudiantes de varias casa educativas
El Colegio Don Bosco de Uribelarrea se encuentra en un estado de profunda incertidumbre tras la suspensión y reducción de frecuencias de las líneas 88, perteneciente a la empresa Expreso Liniers. El impacto de esta medida empresarial se sintió con crudeza en pleno invierno, afectando a chicos de diversas localidades como Lobos, Cañuelas y el corredor de la Ruta 3. «El lunes 6, a las 6 y pico de la mañana, los chicos quedaron en la ruta, quedaron en las banquinas… chicos de 12 años, de 13 años, con el frío que hacía, de noche», denunció con dolor María Cristina Martínez, directora de la obra de la institución, quien apuntó a un trasfondo puramente económico por parte de la prestataria: «Yo creo que acá hay una movida empresarial, que a alguien no le cierran los números con el boleto estudiantil… pero es un problema de ellos, no es problema de la población».
Ante la falta de respuestas y con un servicio garantizado con suma fragilidad solo hasta el receso invernal, directivos, docentes y familias se han visto obligados a improvisar traslados particulares para que los alumnos que asisten al colegio no pierdan sus clases. Sin embargo, desde la conducción de la escuela advierten que este esquema de emergencia no se puede sostener en el tiempo y atenta directamente contra el derecho a la educación de los sectores más vulnerables de la región. «Nuestros chicos que necesitan el boleto estudiantil, sin este servicio no van a poder venir más a esta escuela. Los micros privados y las empresas privadas tienen un valor que no es para cualquier familia, y nosotros decimos que eso limitaría y condicionaría el acceso», explicó la directiva, remarcando que se niegan a reemplazar la matrícula de chicos provenientes de zonas rurales y localidades vecinas.
Frente a este complejo panorama, que se suma a la pérdida del servicio de trenes desde hace más de un año y medio, la comunidad educativa y los vecinos de Uribelarrea comenzaron a coordinar acciones administrativas ante la Defensoría del Pueblo y Defensa del Consumidor, al tiempo que preparan una gran movilización para el próximo 15 de agosto. Martínez hizo un llamado urgente a no naturalizar el atropello de las empresas de transporte y a defender de manera colectiva un servicio esencial para la salud y la educación regional: «Los usuarios tienen que levantar la voz porque no podemos ser la variable de ajuste, no tiene nada que ver. ¿Qué puede hacer un usuario más que estar parado en la banquina dos horas esperando que alguien lo lleve hasta su trabajo? No puede hacer nada. Entonces tenemos que levantar la voz y poner las cosas en claro».
