Bajo la lupa: la UCR de Lobos advierte sobre fragilidad institucional, vetos del Ejecutivo y compras millonarias sin explicación técnica

La Comisión de Trabajo de la Unión Cívica Radical (UCR) de Lobos, encendió las alarmas tras una minuciosa revisión documental de los boletines oficiales y contrataciones de la administración municipal encabezada por Jorge Etcheverry. A través de una serie de informes, el espacio radical expuso su preocupación por la reiterada anulación de ordenanzas del Concejo Deliberante mediante vetos ejecutivos, sumado a contrataciones directas y licitaciones públicas millonarias que carecen de los fundamentos técnicos y desglose de costos necesarios para justificar el uso del dinero público.

​Preocupación por el equilibrio democrático: nueve vetos clave a las funciones del Concejo Deliberante

​El análisis de los antecedentes normativos reveló que, durante las gestiones del intendente Etcheverry, se dictaron al menos nueve decretos de veto (seis totales y tres parciales), afectando en tres oportunidades a ordenanzas que habían sido aprobadas por unanimidad en el cuerpo deliberativo.

​Entre los casos más destacados se encuentran:

• ​Observatorio de Violencia Institucional (2017): Veto a su creación.
• ​Uso y venta de inmuebles municipales (2024): Eliminación de artículos que fijaban el destino de los fondos obtenidos por la venta de bienes del Municipio y que requerían autorización expresa del Concejo para usarlos en casos excepcionales.
• ​Control de flota de vehículos municipales (Marzo de 2026): Veto total a una norma aprobada por unanimidad que exigía un registro estricto de responsables, traslados, horarios y kilometraje. Pese a que el proyecto contemplaba excepciones para emergencias, guardias y prestación de servicios, el Ejecutivo la desestimó al cuestionar las restricciones horarias.

​Desde la Comisión de Trabajo remarcaron que, aunque el veto es una facultad legal, su uso desmedido genera una «fragilidad institucional» al interpretar las competencias del Ejecutivo de manera tan amplia que cualquier intento de regulación o control es visto como una intromisión. Ante esto, la UCR solicitará reconstruir el recorrido normativo completo de estos vetos: sus fundamentos, las respuestas e insistencias del Concejo y las normas que quedaron efectivamente vigentes.

​Licitación por una retropala: $38,5 millones de diferencia y la falta de comparación técnica

​El segundo foco de atención está puesto en la Licitación Pública 4/2026 (apertura el 30 de abril) para la adquisición de maquinaria vial. Mediante el Decreto 620/2026, emitido el 11 de mayo, el Municipio adjudicó la compra a la firma QMAQ S.A. por una retropala Cukurova 884 STD 4×4.

​Los detalles económicos de la compulsa muestran una marcada disparidad entre las ofertas presentadas:

• ​Oferta adjudicada (QMAQ S.A.): $135.495.000 por el equipo nuevo. Descontando la toma de una unidad usada entregada por la Municipalidad ($14.000.000), el importe neto ascendió a $121.495.000.
• ​Oferta alternativa (Vialerg S.A.): Presentó una máquina Astarsa AA388 por $97.000.000, ofreciendo la misma valuación de $14.000.000 por la unidad usada, dejando un neto de $83.000.000.

​La diferencia entre ambas máquinas nuevas fue de $38.495.000 (un 39,69% más cara la opción ganadora). Aunque el decreto oficial señala que la propuesta de QMAQ es la más conveniente y remite a informes de Compras, Contaduría, Hacienda y Servicios Públicos, el expediente publicado no desarrolla la comparación técnica que justifique tal desembolso.

​La UCR aclaró que una diferencia de precio no implica de por sí un sobreprecio, ya que deben considerarse prestaciones, garantías y mantenimiento; sin embargo, enfatizaron que elegir la opción más costosa requiere explicaciones transparentes. Por ello, exigirán los dictámenes técnicos, las condiciones de posventa, la tasación del usado y las constancias de pago y recepción.

​3. Reparación de motoniveladoras: más de $85,7 millones en contrataciones directas

​Por último, el equipo de revisión documental examinó dos contrataciones directas realizadas durante 2025 para reparar motoniveladoras municipales de la misma marca y modelo (Champion 710A), en las que se detectó un salto sustancial en los montos autorizados sin desglose suficiente:

• ​Decreto 240/2025 (30 de enero de 2025): Autorizó $29.309.000 para reparar el tándem y proveer repuestos de la unidad identificada como G13.
• ​Decreto 1131/2025 (22 de octubre de 2025): Autorizó $56.381.000 para un trabajo con la misma descripción general sobre la unidad G12.

​La brecha entre ambos decretos es de $27.072.000 (un aumento del 92,37% nominal en menos de nueve meses). Si bien la Comisión señaló que se trata de unidades distintas con posibles daños y repuestos diferentes, el decreto de octubre alega haber consultado presupuestos acorde al mercado, pero no identifica las otras empresas cotizantes ni detalla el desglose de piezas y mano de obra.

​Para esclarecer el uso de estas partidas, la UCR impulsará un pedido de informes que requiera las cotizaciones comparadas, los diagnósticos de cada equipo, el detalle técnico de los repuestos, las garantías otorgadas y los comprobantes de recepción y pago.

​Hacia una gestión pública transparente y con rinde de cuentas

​Desde la Comisión de Trabajo de la UCR, encabezada por Borda, concluyeron que el control democrático no busca obstaculizar la gestión ni asumir anomalías a priori, sino garantizar que los vecinos puedan comprobar la conveniencia de cada gasto. «Administrar recursos públicos exige aceptar reglas, explicar decisiones y someter sus resultados al control democrático. Lobos necesita un Ejecutivo que rinda cuentas y un Concejo que ejerza efectivamente sus atribuciones», afirmaron.