La UCR de Lobos advirtió sobre el veto a controles de vehículos oficiales

Un informe elaborado por la Comisión de Trabajo de la Unión Cívica Radical (UCR) de Lobos analizó la Edición N° 176 del Boletín Oficial Municipal, publicada el pasado 19 de octubre de 2026. La comisión opositora remarcó que las decisiones administrativas incluidas corresponden a los meses de marzo y abril de este año —con una demora en su publicación de entre 201 y 231 días— y detectó vetos clave, adicionales salariales con justificaciones generales e inconsistencias en la identificación de trámites administrativos.

​Veto a la regulación del uso de vehículos oficiales

​Según detalla el informe de la Comisión de Trabajo de la UCR, uno de los puntos centrales detectados en la revisión es el veto total a la Ordenanza N° 3254, la cual había sido sancionada por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante el 10 de marzo. Dicha norma buscaba regular de manera estricta el uso del parque automotor del municipio: exigía la identificación visible del Isologotipo municipal en las unidades, prohibía el uso particular e imponía un registro obligatorio con detalles de chofer, horario, kilometraje y motivo del traslado.

​Sin embargo, solo seis días después de su aprobación, el intendente Jorge Etcheverry dictó el Decreto N° 379, vetando íntegramente la medida bajo argumentos de dificultades operativas, la disponibilidad permanente requerida para sus funcionarios y un alegado exceso de atribuciones por parte del Poder Legislativo local. Desde la comisión radical señalaron que el artículo 6° de la norma ya contemplaba excepciones por guardias o emergencias, por lo que solicitarán explicaciones sobre qué controles alternativos se aplican y cuál es el estado del trámite legislativo tras la medida del Ejecutivo.

​Adicionales salariales e inconsistencias en decretos

​El trabajo de la comisión partidaria también analiza las asignaciones salariales a funcionarios y agentes. Entre ellos, mencionan el Decreto N° 365, que concede un adicional del 50% sobre el sueldo básico a los arquitectos municipales Tomás Martínez y Jerónimo Topa, junto a Lila Magi Bressan, a partir de febrero. Asimismo, remarcan la existencia de otros decretos suscriptos por Etcheverry y el secretario de Desarrollo Urbano y Ambiente, Antonio Carboni, donde se asignan montos por tareas extraordinarias y productividad sin detallar con precisión en los textos las labores específicas desempeñadas ni la distribución individual de dichos fondos.

​Por otra parte, la UCR observó imprecisiones formales y administrativas en expedientes de compras y contrataciones:

• ​Obra de cordón cuneta: La adjudicación a la firma Cavexe por $29.856.000 para la obra en la calle Levene consigna un número de expediente diferente al del llamado inicial, el cual coincide formalmente con una tramitación de compra de indumentaria de trabajo.
• ​Convenio universitario: En el Decreto N° 415, relativo a la contratación directa de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora por $34.142.500 para el dictado de tecnicaturas, se registran dos números de proveedor distintos para la misma entidad dentro del mismo texto normativo.
• ​Plataforma digital: Se resaltó la ampliación por $62.040.000 del contrato de la plataforma MuniDigital por 12 meses (Decreto N° 391), donde se justificó la adenda en cambios sustanciales en la demanda técnica, solicitándose conocer las prestaciones agregadas y los respaldos correspondientes.

​Transparencia y derecho a la información

​Desde la Comisión de Trabajo de la UCR de Lobos aclararon que las observaciones halladas en el boletín oficial sustentan la necesidad de pedir rectificaciones formales y explicaciones al Departamento Ejecutivo, aclarando que la documentación examinada no prueba por sí misma sobreprecios ni erogaciones indebidas. No obstante, remarcaron que el marcado diferimiento en la difusión de los actos de gobierno dificulta el control en tiempo y forma, y ratificaron que el objetivo central es garantizar que los vecinos cuenten con información clara sobre los fundamentos de cada gasto y el destino de los recursos municipales.