Para responderle a los vecinos el DEM habla en nombre del Concejo?
El reclamo vecinal por ruidos molestos y picadas de motos ha escalado de un problema de convivencia urbana a un incómodo debate de facultades institucionales. Lo que comenzó con una masiva junta de firmas de vecinos de Lobos, hoy encuentra al Honorable Concejo Deliberante (HCD) y al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) en veredas opuestas respecto a cómo se debe responder al ciudadano.
El informe remitido por la Dirección de Tránsito detalla una actividad intensa durante el mes de noviembre: 231 actas de infracción y 48 motovehículos secuestrados. Si bien los números reflejan presencia en las calles, el nudo del conflicto radica en la percepción de soluciones de fondo.
El Ejecutivo acompañó su reporte con fotografías de inspectores heridos, un argumento que busca visibilizar la violencia a la que se expone el personal municipal. Sin embargo, para los vecinos peticionantes, este argumento —sumado a la mención de que zonas críticas como «La Chicana» pertenecen a jurisdicción provincial— suena a una auto-limitación de responsabilidades.
¿Quién responde por quién?
El punto que mayor malestar generó en el cuerpo legislativo es de carácter procedimental. Según fuentes cercanas al HCD, la respuesta del Municipio habría llegado a los vecinos bajo una forma que se mimetiza con una comunicación oficial del Concejo.
Este hecho abre un interrogante: ¿Se vulneró la independencia de poderes? * La duda institucional: En el sistema republicano, el Concejo debe procesar los pedidos, tratarlos en comisión y emitir su propia resolución. Que el Ejecutivo responda «por» el legislativo podría ser interpretado como una intromisión de facultades.
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La ironía en los pasillos: «O fue un error administrativo o fue una maniobra para cerrar el expediente sin debate», se escuchó decir en el ámbito legislativo, donde se cuestiona si el DEM intentó imponer su postura técnica como una verdad absoluta y definitiva.
La mención a que el control en rutas o zonas provinciales excede al municipio es, legalmente, un terreno gris. Si bien la jurisdicción es real, el reclamo vecinal apunta a la capacidad de gestión y coordinación.
Especialistas en derecho administrativo sugieren que, ante delitos o contravenciones recurrentes, el municipio tiene la facultad de gestionar convenios de colaboración o solicitar el auxilio de la Policía Vial de la Provincia de manera permanente. Por lo tanto, delegar la responsabilidad en «la provincia» es visto no como una imposibilidad legal, sino como un agotamiento de las gestiones políticas necesarias.
Ahora, la pelota vuelve al terreno del HCD. Los concejales deberán determinar:
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Si aceptan el informe de Tránsito como respuesta suficiente para archivar el reclamo.
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Si citarán a las autoridades de Seguridad para que expliquen por qué la comunicación con los vecinos no respetó los canales institucionales.
Mientras el Ejecutivo reporta sus límites y el Concejo procesa la anomalía, el vecino de Lobos sigue esperando que el ruido de los motores cese, independientemente de qué oficina sea la encargada de firmar la solución.
LA NOTA ENVIADA A LOS VECINOS.
