Nota de opinión ante los graves hechos de corrupción

Dr. Facundo Alesina

La evaluación de un gobierno se realiza desde distintas perspectivas (ideológica, política, económica) pero todas esas variables de análisis pierden sentido ante un aspecto superador: la calidad de vida de la gente. Si hay más pobres, si hay más desocupados, si ya no alcanza para llegar a fin de mes, la política es errónea. No se trata de personalismos (Cristina o Macri), partidos políticos (Peronistas, Radicales, PRO) ni de ideologías (izquierda, centro o derecha), se trata de quien se beneficia con las medidas del gobierno.

Sin ninguna duda los corruptos de cualquier gobierno deben ir presos y estoy convencido de que los delitos en la función pública deben ser imprescriptibles. Pero también hay un delito, que es moral y que no tiene consecuencias legales, que es el delito de la mala praxis en la gestión de gobierno. Si un abogado no cumple con su función una persona puede perder su libertad, si un médico no cumple con su función una persona puede perder la vida, pero si un funcionario público no cumple con su deber de gestionar para el pueblo, son cientos de miles de personas que pierden el plato de comida en su mesa, cientos de miles de niños que no pueden ir a la escuela y cientos de miles de ancianos que no tienen medicamentos.

El aumento indiscriminado de las tarifas, que responde a una transferencia de recursos de los sectores populares a los bolsillos de las grandes empresas sumado a la quita de subsidios (lo que antes pagaba el Estado y ahora paga el usuario) además de ser inconstitucional es desmedido e inmoral. No tenemos que confundirnos, el problema no es que se «sinceren» las tarifas que puede ser que en algunas ciudades como Capital Federal eran muy bajas, el problema es que el aumento en ciudades como la nuestra es absolutamente abusivo y que las clases más bajas no acceden muy sencillamente a la «tarifa social».

No hubo audiencias públicas. No hubo paritarias acordes. No hubo garantías para los sectores más desprotegidos. Tampoco hubo ayuda para la clase media. De un día para el otro, una boleta de gas de 230 pesos pasó a 1.000. La primera medida permitía aumentos del 1200% y después de que varias provincias presentaran amparos y la Justicia hiciera lugar, de mala gana pusieron un tope del 400%. Si, cuatrocientos por ciento en el marco de unas paritarias para quienes trabajan en blanco en una cifra alrededor del 30-35%. Los que trabajan en negro tienen que afrontar las subas sin aumento en sus ingresos.

Tenemos que ser conscientes de que todas las cadenas de valor están complicadas por las medidas macroeconómicas del gobierno. Las industrias, las pymes. Estas medidas impactan directamente sobre la clase trabajadora. No hay justificación ni especulación que avale semejante atropello y todos los funcionarios: locales, provinciales y nacionales deben rendirle cuentas al pueblo. No sirven las excusas cuando la gente tiene que pensar dos veces antes de prender la estufa, bañarse con agua caliente y cocinar un plato de comida caliente.

No podemos permitir que nuestros gobernantes no se sensibilicen ante las demandas de la sociedad. Tienen la obligación de poner los pies en la tierra, caminar junto a los vecinos, ayudarlos a crecer. Las decisiones que afectan a nuestro pueblo no deberían tomarse en oficinas lejanas. Puede ser que por ser grandes empresarios no tengan noción de lo que significa vivir al día. Pero deberían esforzarse en comprender que la gran mayoría de nosotros se rompe el alma para llegar a fin de mes y un tarifazo de estas características, en conjunto con una inflación del 40% y una paralización de la economía son mortales para nuestras ciudades.

Es incomprensible que el Ministro de Energía, encargado de decidir las políticas vinculadas a los servicios públicos sea juez y parte (fue CEO de Shell y es quien permite los aumentos en los combustibles). Es un claro conflicto de intereses. Pero el gobierno lo justifica diciendo desde la oficina anticorrupción que le solicitó al ministro que las decisiones vinculadas a su ex empleador las tome su subalterno. Más que una explicación razonable es una tomada de pelo a todos los argentinos.

Nosotros, desde nuestro espacio Compromiso con Lobos, estamos trabajando vecinos damnificados y algunas organizaciones sociales de nuestra ciudad, en un amparo colectivo sin costo alguno para defender nuestros derechos como consumidores y ciudadanos. Recibimos los reclamos de todos los ciudadanos de Lobos que quieran sumarse al amparo judicial. Es nuestro compromiso como profesionales y como dirigentes políticos. Basta de atropellos. Basta de cercenar derechos. No queremos excusas ni justificativos por parte de los dirigentes locales, queremos respuestas concretas, palpables, materiales.