La licitación del Gobierno porteño que pone en riesgo el modelo de reciclado urbano
Durante casi dos décadas, la postal de los recicladores urbanos recuperando materiales en las calles porteñas dejó de ser solo una imagen de resistencia para transformarse en un pilar fundamental de la higiene ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que en sus inicios se asociaba a la figura del «cartonero» evolucionó hacia un sistema cooperativo que hoy sostiene a 7.000 familias organizadas en 12 cooperativas de reciclaje, logrando procesar casi el 60 % de los residuos secos que genera CABA. Sin embargo, ese modelo considerado de referencia regional hoy se encuentra en grave peligro de desaparecer.
El detonante es un proceso de licitación impulsado por la gestión porteña que busca privatizar el servicio, dejando fuera del esquema a las organizaciones de trabajadores que consolidaron este circuito. De concretarse, las consecuencias sociales, económicas y ambientales serían inmediatas: miles de hogares perderían su única fuente de ingresos y la Ciudad incrementaría significativamente el volumen de basura no reciclable enviada al CEAMSE, lo que se traduciría en mayores costos presupuestarios y un eventual impacto en las tasas de los vecinos.
Inclusión y tejido comunitario en los Centros Verdes
El impacto del trabajo cooperativo va mucho más allá de la separación de cartón, plástico o vidrio. Espacios como el Centro Verde de la cooperativa RUO, ubicado en el barrio de Caballito, funcionan como verdaderos polos de contención e integración socioambiental. Allí coexisten talleres de oficios, consultorios psicológicos y huertas comunitarias que fomentan el diálogo continuo con comerciantes y residentes de la zona, desarmando prejuicios históricos y humanizando una labor clave para la comunidad.
El impacto del ajuste y la disputa narrativa
A pesar de estos logros, las organizaciones denuncian un progresivo desmantelamiento del servicio. En los últimos meses se han registrado recortes presupuestarios, falta de entrega de insumos básicos, el secuestro de carros a los trabajadores de calle y la suspensión del transporte que trasladaba a los recicladores desde el conurbano bonaerense, un derecho conquistado hace casi veinte años.
A la par de estas medidas, desde el sector advierten una narrativa oficial que busca criminalizar y responsabilizar a los recuperadores urbanos por la acumulación de basura en la vía pública, invisibilizando su rol diario en el mantenimiento de la limpieza y la preservación ambiental.
Ante este panorama de incertidumbre y riesgo laboral, referentes de las 12 cooperativas se mantienen en estado de alerta para defender sus puestos de trabajo y exigir la continuidad de un modelo de gestión pública con inclusión social.
